|
||
| MORELIA.-- Adecuar la Constitución a las realidades actuales y el futuro previsible del país, junto con la atención a las necesidades de la población, serán los pasos más seguros para garantizar la gobernabilidad democrática de la nación y hoy no será una revolución sino el poder constituyente el que convoque a elaborar la Constitución que reclama el México del Siglo XXI. Lo anterior lo expresó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano durante su intervención en el foro internacional “Gobernabilidad y Desarrollo Democrático” realizado en esta ciudad y en el que dictó la conferencia magistral “Replanteamiento del pacto federal”. En el salón Luis Sahagún de la Casa de la Cultura y ante un numeroso auditorio, del que formaron parte el gobernador Lázaro Cárdenas Batel; el ex presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, y Jordi Sevilla Segura, ministro de Administraciones Públicas de España, Cárdenas Solórzano señaló que las experiencias de la historia dejan ver que una condición de gobernabilidad, es que el marco legal e institucional que establece la ley permita dar respuesta efectiva a las necesidades y corresponda a las aspiraciones de la colectividad. Mencionó que México se rige hoy por la Constitución promulgada en 1917 que al transcurso de los años ha sufrido modificaciones, unas con claro sentido democrático para abrir nuevas perspectivas de progreso a los sectores mayoritarios de la población, otras, para dar marcha atrás y adecuar la ley suprema al privilegio de grupos minoritarios y de intereses ajenos a la nación. El resultado de ello, dijo, es actualmente una Constitución desarticulada y desnaturalizada, que no establece un marco institucional que permita atender satisfactoriamente las necesidades y hacer realidad las aspiraciones que los mexicanos tienen en mayoría. Asimismo las reformas a la Constitución y a las leyes, así como decisiones de gobierno se han traducido en el crecimiento exponencial de la pobreza, el aumento de la desocupación y la migración, el debilitamiento o desmantelamiento de instituciones de gestión del desarrollo; la casi completa extranjerización de la banca comercial y el grave deterioro de sectores productivos como el de la empresa industrial mediana y pequeña. La Constitución, dijo, cumple ahora 90 años de vigencia, en los cuales ha sufrido más de medio millar de modificaciones, que en no pocos casos se contradicen entre sí y contravienen asimismo el espíritu tanto del Constituyente como el de las luchas libertarias de la nación. Eso, expresó, trae consigo que el marco constitucional actual resulte limitativo para impulsar el desarrollo del país, la expansión de la economía y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Mencionó que hace unos días el Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa de la Ley de Reforma del Estado y establece la obligación para el Poder Legislativo, los grupos parlamentarios y los partidos políticos nacionales de pronunciarse sobre los siguientes temas: Régimen de Estado y gobierno; Democracia y sistema electoral; Federalismo; Reforma del Poder Judicial; Reforma hacendaria; y Garantías sociales. Espera, dijo, que a lo largo del año, plazo en el que se extingue la vigencia de esa ley, “que es sin duda importante”, veamos surgir reformas constitucionales y leyes para mejorar las prácticas políticas, el desempeño de la economía y el bienestar de la población, aun cuando en la presentación de ese proyecto apenas se apunta discretamente la intención de limitar las facultades del Ejecutivo y fortalecer las del Legislativo y nada se expresa sobre el sentido esperado de las reformas en otros temas. Es claro, destacó, que la Ley de Reforma del Estado no plantea realizar una revisión integral de nuestro código constitucional, ni previamente conducir un proceso de análisis y discusión del proyecto nacional al que aspiran los mexicanos. Ahora bien, dado que no existen posibilidades para que ciudadanos comunes y corrientes –fuera de legisladores o del titular del Ejecutivo federal-, en lo individual o al través de las organizaciones, cuenten con capacidad legal para presentar iniciativas de reformas en el terreno legislativo, habría que pensar en un procedimiento que arrancara desde el origen mismo del poder ciudadano, de la soberanía popular, que no es otro, hoy, que el replanteamiento del pacto federal, distorsionado entre otras formas en la actualidad, desde que el Senado de la República perdió la razón y condición esencial de su existencia, al romperse en su seno la representación igualitaria de las entidades federadas. Mencionó que las constituciones o leyes supremas que han regido la vida y han hecho avanzar política y socialmente al país han sido producto de revoluciones con amplia base popular. Las convocatorias para elaborarlas, discutirlas y aprobarlas las hicieron los vencedores. Hoy no será una revolución triunfante la que convoque a la formulación de una nueva Constitución, aunque una nueva ley superior de la República corresponderá a una transformación equivalente a la producida por una revolución. Hoy debe ser el poder constituyente, la soberanía originaria del pueblo la que convoque a elaborar la Constitución que reclama el México del siglo XXI. “No se cuenta en la Constitución vigente –dijo- con los señalamientos que marquen el procedimiento a seguir para su revisión y reforma integrales. Esa tarea podría llevarla a cabo el Congreso en funciones, en su calidad de constituyente permanente, pero no considero que ese camino fuera el más adecuado, tanto por la dimensión de la tarea, como porque ésta requiere de un período largo de tiempo, mucho mayor que el año que establece la Ley de Reforma del Estado para tratar solamente 6 temas”. Consideró que la integración de un Congreso Constituyente sería lo más conveniente para contar con un nuevo proyecto constitucional y que su integración debiera responder a una convocatoria expresa, para elegir a un cuerpo colegiado que tendría, como única encomienda y responsabilidad, elaborar una norma constitucional para la nación. Lo más pertinente, me parece, agregó, sería que las legislaturas locales fueran las que convocaran para elegir a los firmantes de la nueva Acta Constitutiva o convocatoria del Constituyente. “No pretendo”, subrayó, “presentar los temas materia de discusión que imagino se presentarían en un Congreso Constituyente, ni mis particulares puntos de vista al respecto, sino sólo hacer mención de algunos para resaltar la importancia y trascendencia que tendrá llegar a una propuesta de Constitución reformada que llegara para discutirse por un nuevo Congreso Constituyente”. Y en este sentido mencionó, entre otros, decidir si se mantiene el sistema presidencial o se modifica; abrir la discusión sobre el número de diputados que deben integrarlo, si subsiste la representación proporcional, si desaparece la representación por distritos; y en el caso del Senado, si se suprimen los senadores de representación proporcional, si se mantienen los representantes de las primeras minorías; discutir cuestiones como si se da a la Suprema Corte el carácter de tribunal constitucional; o si el juicio de amparo da a sus fallos un alcance no sólo individual sino lo extiende a darle carácter general. En fin, adecuar nuestro estatuto constitucional a las realidades actuales y del futuro previsible del país y de la sociedad, junto con la debida atención a las necesidades de la población por parte de los poderes públicos, serán los pasos más seguros para garantizar una convivencia social fructífera, estabilidad política y una colaboración internacional en condiciones de equidad, esto es, los pasos más seguros para garantizar la gobernabilidad democrática de la nación. (ASR) |
|||
