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| CHILCHOTA.— Con la presencia del Lic. Enrique Bautista Villegas, Secretario de Gobierno, y de la maestra Graciela Carmina Andrade García-Peláez, Secretaria de Desarrollo Social (SEDESO), la comunidad de Tacuro entregó el lunes el palacio municipal que tenía tomado con lo que se superó un prolongado conflicto político que inició en septiembre del año pasado. Sin embargo, la comunidad advirtió que la entrega del palacio municipal no significa que renuncie a su exigencia de justicia y que por ello se seguirá el conflicto por la vía legal en busca de que por esa vía se pueda llegar a la destitución del alcalde. Además, según explicó Norberto Calderón Molina, Representante de Bienes Comunales de Tacuro, esa comunidad ya no reconoce ni al actual alcalde de Chilchota, Domingo Santiago Gregorio, ni a la administración en su conjunto de ese municipio sino que la relación será directa con el gobierno del Estado. La entrega del palacio municipal por parte de la comunidad de Tacuro y vecinos de otras comunidades de La Cañada de Los Once Pueblos se dio después de intensas y prolongadas negociaciones que realizó el Comité de Resistencia Civil de La Cañada de los Once Pueblos con el gobierno del Estado. Todavía el domingo para amanecer la madrugada del lunes se tuvo una complicada jornada de negociación que terminó de manera exitosa cuando ambas partes llegaron a acuerdos que permitieron la liberación del palacio municipal. En el transcurso de la mañana del lunes la comunidad anunció la decisión de liberar el palacio municipal lo cual se haría ante funcionarios del gobierno del Estado encabezados por el Secretario de Gobierno. La entrega se anunció inicialmente para las 15:00 horas del mismo lunes. Sin embargo, surgieron algunos obstáculos que originaron que se anunciara que la entrega se llevaría a cabo no a las 15:00 horas sino a las 17:00 horas. Pero a las 17:00 horas no se llevó a cabo la entrega del palacio municipal, lo que generó momentos de incertidumbre. Pasaron los minutos y las horas. Llegó la noche. La comunidad seguía en espera de la llegada de los funcionarios de Morelia que no aparecían. Por medio del equipo de sonido se alternaba música de protesta, música purépecha y arengas. Sin embargo surgieron algunos indicios de que la liberación del edificio municipal era inminente pues algunas personas empezaron a retirar y guardar en vehículos algunas pertenencias, principalmente cobijas. Mientras tanto, un grupo de mujeres se encargaba de mantener viva, como lo hizo durante semanas, la flama en las paranguas. Una enorme tina sobre las paranguas sirvió de recipiente para preparar una ración suficiente de café para todos, propios y extraños, a los que entrada la noche y debido al frío que calaba hasta los huesos les sabía a gloria. Por fin, alrededor de las 19:00 horas, arribó la maestra Graciela Carmina Andrade con lo que se daba por hecho que la entrega del palacio municipal se concretaría. A su llegada anunció que más tarde arribaría el Secretario de Gobierno, quien como representante del gobierno del Estado, junto con la maestra Andrade, recibiría el palacio municipal. A su llegada la maestra Andrade dio un breve mensaje. Consideró la entrega del palacio municipal como un acto de buena fe. Reconoció que hay agravios en la comunidad y señaló la disposición del gobierno del Estado por sanar heridas y hacer justicia. Dijo admirar la dignidad de la comunidad de Tacuro que ha demostrado que no se pueden cometer agravios en contra de un pueblo unido. Que Tacuro es ejemplo de dignidad. Señaló también que el caso del alcalde está en manos de las autoridades judiciales y que será el juez el que emita su fallo respecto a la actuación del presidente municipal. TODO EN ORDEN Después de un breve encuentro de la Mtra. Andrade con el denominado Comité de Resistencia se procedió a realizar un recorrido con un notario público para constatar las condiciones en las que se entregaba el edificio y se levantara el acta notarial correspondiente. Durante el recorrido se observó que todo está en orden y que aparentemente no hay daños en el inmueble, en el mobiliario y en el equipo. Además del palacio municipal se visitó la sede del DIF municipal. También constató el estado de tres patrullas abandonadas. Una de ellas se localizó en el costado sur de la plaza, frente a la sede del DIF y dos más, una en cada acera de la calle, a media cuadra de la plaza principal. Las 3 patrullas tenían las llantas desinfladas y una de ellas destrozado el parabrisas. Enseguida arribó al lugar la Suprocuradora Regional de Justicia de Zamora para participar en la firma de los acuerdos. RATIFICO COMPROMISOS Terminado el recorrido por las instalaciones municipales arribó el Secretario de Gobierno quien ante decenas de comuneros ratificó, a nombre del gobierno del Estado, el compromiso de cumplir los acuerdos. Pidió la colaboración de los habitantes de Tacuro para que se busque que las diferencias sean resueltas por la vía del diálogo. Pidió que se anteponga el interés general por encima de intereses personales. Pidió que se vea cómo construir y no cómo destruir. BUENA VOLUNTAD A las 10 de la noche se procedió a la firma de los acuerdos. A nombre del gobierno del Estado lo hicieron el Secretario de Gobierno y la titular de la SEDESO, así como la Suprocuradora Regional de Justicia. Por el denominado Comité de Resistencia lo hicieron las autoridades de la comunidad de Tacuro así como representantes de otras comunidades y de organizaciones. Acto seguido los funcionarios también firmaron como testigos el acta notarial que se levantó en relación con el estado en que el gobierno del Estado recibió las instalaciones municipales. Una vez firmados los acuerdos intervino Norberto Calderón Molina, representante de bienes comunales de Tacuro, para destacar la buena voluntad del gobierno del Estado. Enfatizó la gran voluntad manifestada por el gobernador del Estado. Al Secretario de Gobierno pidió su intervención para que no se tuerza la ley y se mantenga el estado de derecho y señaló que para garantizar los derechos indígenas se seguirá pugnando por la Ley Indígena. Tras señalar que ojalá los acuerdos se cumplan y no se conviertan en un puñado de papeles, Calderón Molina advirtió que así como se defendió a la comunidad de los abusos del alcalde se hará siempre frente a cualquier otro alcalde o funcionario, independientemente del origen partidista. Concretado el acuerdo, el Secretario de Gobierno se retiró de Chilchota después de las 10 y media de la noche de dar un breve mensaje final. Señaló que el gobierno del Estado cumplió con su compromiso de firmar el documento de recuperación del edificio municipal y los compromisos contraídos en el marco de las negociaciones. Que se dará puntual seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Insistió en su llamado a la unidad. Remarcó que solamente unidos podrán superar los problemas que como comunidad tienen. Invitó nuevamente a resolver los problemas por la vía del diálogo y en el marco del respeto a la ley. Previamente el representante comunal había entregado al reportero un documento en el que la comunidad anuncia la entrega del palacio municipal y fija su postura respeto a diversos temas relacionados con la comunidad y los usos y costumbres de la misma. Se señala en el documento que se determinó entregar las instalaciones de la presidencia municipal una vez cumplidos los objetivos de difundir públicamente la inconformidad de la comunidad. Esa inconformidad se refiere a “los ilícitos actos cometidos” por el presidente municipal el 12 de septiembre y que “han motivado la participación de los titulares de diferentes secretarías y de que personalmente el gobernador se han comprometido a realizar los esfuerzos para la distensión del conflicto”. Añade que se tomó ese acuerdo también una vez que la Subprocuraduría abrió una averiguación previa contra el alcalde por disparo de arma de fuego y ataque peligroso. Al respeto Calderón Molina explicó que se terminó una etapa y que la otra etapa se desarrollará por la vía jurídica. Que esperan que una vez que se consigne la averiguación previa si el juez condena al alcalde por las acusaciones de que es objeto se abriría el camino para que el Congreso someta a juicio político al alcalde. Mientras tanto, añadió, la comunidad de Tacuro desconoce no solamente al presidente municipal sino a todo el cabildo por el papel que sus integrantes han jugado en el conflicto. Señaló que ahora la comunidad hará todas sus gestiones ante el gobierno del Estado si es que éste tiene voluntad para atenderla y que de no ser así la comunidad seguirá sola su camino. Cabe señalar que después de que el gobierno del Estado recibió de los habitantes de Tacuro el palacio municipal, que por cierto se encontró en orden y sin muestras de deterioro o saqueo, quedó bajo la vigilancia de la Policía Judicial del Estado. El martes representantes del gobierno del Estado debieron haber procedido a entregar las instalaciones al presidente municipal, Domingo Santiago Gregorio, así como a los integrantes del cabildo para que se normalicen las labores de la administración municipal. Durante el tiempo que el palacio municipal estuvo en poder de los habitantes de Tacuro y miembros de otras comunidades, las autoridades municipales despacharon en una oficina alterna. LOS ANTECEDENTES Como lo informó Guía en su momento, el conflicto comenzó la noche el 12 de septiembre del año pasado cuando, según las autoridades de Tacuro, el presidente municipal se presentó en dos ocasiones en esa comunidad acompañado por el entonces Director de Seguridad Pública y en estado de ebriedad ambos dispararon armas de fuego poniendo en peligro la vida de las personas. En la segunda incursión autoridades y vecinos de Tacuro que estaban en una reunión detuvieron al presidente municipal y su acompañante y lo trasladaron a la cárcel del lugar luego de que lo vejaron y maltrataron. Al día siguiente y luego de negociaciones con enviados del gobierno del Estado liberaron al alcalde y pidieron que se realizara una investigación y se sancionara la conducta del alcalde y su acompañante, tomando en cuenta que, según los vecinos, el alcalde había cometido anteriormente otros atropellos en esa comunidad. Sin embargo, el conflicto se fue complicando poco a poco en vez de solucionarse. Se sumaron vecinos de otras comunidades y se sumaron nuevas y más radicales exigencias como la de juicio político contra el alcalde. Al pasar las semanas sin respuesta, los vecinos de Tacuro tomaron y bloquearon frente a esa comunidad la carretera federal número 15 que pasa por la Cañada de Los Once Pueblos. La desbloquearon al lograr del gobernador del Estado el compromiso de estar personalmente en Tacuro para atender a la comunidad. El gobernador cumplió de inmediato su palabra y se reunió con los vecinos. Vino acompañado por un legislador, representante del Congreso del Estado. Allí el gobernador escuchó los planteamientos tanto en relación con el conflicto de la comunidad con el alcalde como los relacionados con demandas de obras. Como el asunto del conflicto estaba en manos del Congreso, el representante del poder legislativo del Estado anunció que las investigaciones para la procedencia o no del juicio político continuaban y que de momento se ordenaría una auditoría al gobierno municipal. El gobernador del Estado estableció el compromiso de atender las demandas de la comunidad. Las semanas pasaron y al no haber respuesta respecto a la demanda de juicio político la comunidad determinó tomar el palacio municipal que mantuvo en su poder hasta que lo entregó el lunes pasado. Cabe señalar que por lo que se refiere a la demanda de juicio político la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado no encontró elementos suficientes para realizarlo por lo cual se descartó la remoción del alcalde de dicho municipio. Durante la sesión respectiva, el pleno de la 70 Legislatura conoció el informe en relación con la problemática existente en el municipio de Chilchota, el cual fue elaborado por los integrantes de la Comisión de Gobernación. En el informe se estableció que los elementos aportados por los inconformes con la actuación de Domingo Santiago Gregorio, presidente municipal del ayuntamiento citado, los diputados consideraron que son insuficientes para iniciar algún procedimiento que implique su destitución del cargo, en los términos de la legislación estatal, quedando a salvo el ejercicio de otro tipo de acciones en el caso de que de las conductas realizadas se desprendan otras responsabilidades de orden civil, penal o administrativo. Sin embargo, el pleno legislativo exhortó al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Antonio Magaña de la Mora, para que en ejercicio de sus atribuciones ordenara que se integre debidamente la averiguación previa penal iniciada de oficio por los hechos ocurridos el 12 de septiembre del presente año en la comunidad de Tacuro, para que una vez satisfechos los requisitos de ley se consigne la misma ante el juez competente. |
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