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| (Enrique Bautista Villegas es Secretario General de Gobierno y ha escrito en GUIA en diferentes épocas. Combina su vocación política con actividades académicas y empresariales. Esta es una interesante reflexión sobre la necesidad de construir acuerdos en torno a la transición del autoritarismo a la democracia. --N. de la R.--) México es un país que hasta hace pocos años experimentaba en la vida política una cultura profundamente paternalista, resultado en buena medida de nuestra historia de tierra de dominados y dominadores, de catequizados y catequizadores. Esta forma de interacción entre los individuos permeaba prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Las relaciones entre gobernantes y gobernados semejaban a las de padres autoritarios con hijos sumisos, a las del marido machista con la esposa sometida. El sistema político mexicano era similar a una gran pirámide en la que quien ejercía el poder y sus allegados se encontraban en el vértice superior de la misma y el pueblo en la base. El esquema se reproducía en cada una de las 32 entidades del país. Los poderes Legislativo y Judicial eran mero apéndice de los Ejecutivos en los ámbitos nacional y estatal y respondían en los hechos a la voluntad de quienes encabezaban la pirámide correspondiente. Cada 6 años, quienes ejercían el poder tenían el derecho incuestionable de designar a quienes tenían la función de dar conducción a los destinos del país. Por su parte, los de abajo, es decir el pueblo en general, aceptaban sumisamente su papel de ratificadores de la transmisión de facultades de mandato a los herederos del poder en turno —los llamados candidatos oficiales— a través del acto de aprobación automática en que se constituía el ejercicio del voto. Este patrón de comportamiento, si bien era entendido por los observadores de la política y la conducta humana como perverso e impositivo, era aceptado como normal por la mayoría de los miembros de la sociedad. Con el paulatino acceso de la sociedad a la información, la cada vez mayor influencia de los medios electrónicos en la conformación de estereotipos culturales, el acortamiento de las distancias, la modernización del transporte y las telecomunicaciones, el acceso masivo a los mismos y el fortalecimiento de los procesos de globalización, nuestra realidad inició un proceso de transformación cultural inducido y con fuerte influencia exógena. A partir de la década de los sesenta observamos importantes manifestaciones de cambio en la conducta de la sociedad: desde los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, la tímida pero constante evolución del sistema político mexicano, la presencia cada vez más protagónica de las universidades y de los intelectuales sociales en la vida del país, hasta la irrupción del movimiento democrático de fines de los ochenta, que propició cambios importantísimos en la legislación electoral mexicana, dio paso al sindicalismo independiente y al surgimiento de múltiples organizaciones sociales e impulsó la reivindicación, entre otras, de los derechos de género y de las minorías. Sin embargo, esta transición democrática en el ámbito político no se ha visto reflejada en otros espacios de la vida social: la democracia social, la democracia económica y la cultura de participación, solidaridad y de construcción de consensos, se han quedado rezagadas. Lejos de mejorar la equidad en la distribución de la riqueza, ésta ha empeorado; los índices de pobreza y marginación han crecido. Tampoco ha habido una disminución sustantiva o una actitud perceptible de rechazo hacia las formas de la cultura paternalista y autoritaria que caracterizó a la sociedad mexicana durante prácticamente todo el siglo XX. La prepotencia de muchos gobernantes sigue siendo una constante en el espectro político nacional y la sumisión y actitud exigente de los gobernados para que las autoridades les resuelvan sus problemas se mantiene fuertemente arraigada. Así, amplios sectores de la sociedad no solamente aceptan las decisiones verticales de las autoridades: las exigen como práctica cotidiana para que sus demandas sean resueltas por el gobierno. En su relación con el gobierno, una proporción importante de los particulares y de los integrantes de organizaciones de diferente naturaleza consideran que sus pretendidos derechos deben prevalecer sobre todas las cosas y todas las causas, y que las autoridades tienen la obligación de impartir la justicia de acuerdo con los criterios particulares de cada cual. Así, cuando se exige a la autoridad actuar como árbitro de desencuentros entre particulares, es común que cada una de las partes en conflicto exija que la solución a sus diferendos le sea favorable. Y cuando el resolutivo resulta contrario, la respuesta provoca insatisfacción y rechazo. Esta es la constante al intentar dirimir problemas en los ámbitos más variados; así ha sucedido recientemente en conflictos intergremiales como los del sindicato minero, el SNTE, el SNTIMSS; en una multitud de conflictos agrarios entre comunidades y entre éstas y particulares, en los conflictos electorales como el que vivimos recientemente, tan sólo para dar algunos ejemplos. Acuerdos y cumplimientos de metas Para transitar de manera firme a la democracia en su sentido más amplio requerimos una conducta de la sociedad y sus individuos más participativa y solidaria; requerimos voluntad para entender que en una sociedad plural las demandas de todos los individuos son igual de legítimas; que el derecho de uno termina donde empieza el de los demás. Resulta así mismo fundamental reconocer que el interés público debe prevalecer por encima del particular. La experiencia que nos ha dejado la práctica de esta cultura autoritaria e individualista ha conducido a quien esto escribe a plantear la siguiente hipótesis: la capacidad de construcción de acuerdos o consensos está directamente relacionada con la capacidad de cumplimiento de metas y logro de fines que se plantea un colectivo social. Esta hipótesis aplica para todo colectivo social, independientemente de su dimensión o su naturaleza. Lo mismo funciona para una pareja sentimental, que para un equipo de deportistas de cualquier disciplina, para una familia, una empresa, un sindicato, un partido político o una nación. Desde luego que una condición necesaria para que la hipótesis opere es que las habilidades y la preparación técnica de los individuos que conforman el colectivo de que se trate estén a la altura de las circunstancias. En este momento la pretensión del presente artículo se limita a plantear algunos casos en que los acuerdos de colectivos sociales han generado condiciones propicias para el logro de las metas que los mismos se han establecido y, en contraposición, otros en los que la falta de acuerdos ha entorpecido el cumplimiento de metas del colectivo social. En el transcurso de las últimas 3 décadas, en diferentes contextos políticos, históricos, culturales y sociales, los pueblos y los actores políticos más importantes de países como España, Chile y Sudáfrica se embarcaron, tal como lo hicimos los mexicanos, en el proyecto de lograr una transición hacia la democracia en un sentido amplio. Quienes hayan tenido la oportunidad de conocer la España de mediados de la década de 1970, a la muerte de Francisco Franco; el Chile de finales de los ochenta, en el marco del retiro de Augusto Pinochet del ejercicio del poder que detentaba en esa nación, y la Sudáfrica de principios de los 90’s, ante la inminencia de la entrega del gobierno que ejercía el régimen del Apartheid encabezado por De Klerk a la mayoría de la población de origen africano liderada por Nelson Mandela, y quienes hayan visitado de nueva cuenta esas naciones en fecha reciente habrán podido constatar el grado de transformación política, de crecimiento económico, de modernización de la infraestructura física, de generación de empleo y riqueza, de erradicación de la pobreza y, en términos generales, de construcción de progreso, logrado a partir de acuerdos de coyuntura pero de dimensiones históricas con la participación de la mayor parte de los actores políticos y sociales, incluidos sus pueblos, en cada uno de sus ámbitos nacionales. En el caso de España, el rey Juan Carlos, el presidente Adolfo Suárez y los dirigentes de los principales partidos políticos en proceso de integración y consolidación, entendieron que para garantizar una transición definitiva a la democracia en su sentido amplio era indispensable construir un gran acuerdo en el que quedaran reflejadas las prioridades del pueblo español. Esto sólo sería posible a partir de definir los puntos de convergencia en los que todos los actores de la transición coincidían, dejando de lado las posiciones ideológicas particulares de cada cual. Así surgieron Los Pactos de la Moncloa y se sentaron las bases para la formulación de la Constitución de octubre de 1978, base del Estado de Derecho que rige en la España actual. En el caso de Chile, tras la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet entre 1973 y 1986, la comunidad internacional, el pueblo chileno y los partidos políticos que mantuvieron sus actividades en el anonimato, presionaron fuertemente a la dictadura para lograr someter su permanencia a un referéndum popular. La respuesta del pueblo chileno fue contundente y dio paso a un pacto entre el derrotado régimen militar y todas las fuerzas políticas colegiadas para la formación de un gobierno democrático en el que en principio se aceptaron una serie de garantías para respetar el fuero a Pinochet y sus lugartenientes, brindándole al primero un espacio vitalicio en el naciente Senado de la República. Tras el “no” al régimen militar encabezado por Augusto Pinochet de parte de la mayoría de la población chilena en 1988, y después de 18 años de gobierno de Concertación de los principales partidos políticos de izquierda y de derecha, la Concertación de Partidos para la Democracia, Chile transformó su Constitución, cuenta con un sistema fiscal eficiente, con instituciones sólidas y con un Estado de Derecho moderno, fuerte y respetado por su población. Los acuerdos construidos y actualizados a través de la Concertación se han traducido en un crecimiento del PIB anual superior al 4 por ciento promedio a partir de 1997, y superior a 6 por ciento en el 2004 y el 2005, crecimiento en el empleo, erradicación de la pobreza extrema, mejores niveles en educación, salud, nutrición, vivienda y seguridad pública. El caso de Sudáfrica, menos próximo a nuestra realidad, resulta también ilustrativo. Durante casi 3 siglos una minoría blanca, primero de origen holandés, y posteriormente de hegemonía británica, dominó a una mayoría nativa de origen africano y construyó la economía más próspera del continente. La desigualdad, el autoritarismo y la explotación llegaron a sus límites con el llamado régimen del Apartheid, en el que la población nativa de Sudáfrica vivía totalmente segregada de la población blanca y sus integrantes eran víctimas de un sistema de esclavitud fundado en la ley del más fuerte. Durante décadas, a partir de mediados del siglo pasado, surgieron y se fortalecieron organizaciones subterráneas conformadas por integrantes de la población africana y en menor medida de los inmigrantes de origen indio y oriental que en su momento habían sido llevados en calidad de esclavos a territorio sudafricano. Una de estas organizaciones, el Congreso Nacional Africano, cuyo líder más conocido internacionalmente fue Nelson Mandela, encabezó una lucha sin tregua para derrocar al régimen del Apartheid. En este contexto, tras años de lucha incansable, en la que siempre prevalecieron una mezcla de tozudez y prudencia, de compromiso social y flexibilidad de ánimo negociador pero sin ceder a principios fundamentales por parte de Nelson Mandela y sus compañeros de lucha, en el año de 1994 el régimen del Apartheid, entonces encabezado por De Klerk, aceptó finalmente que era impostergable la construcción de un acuerdo de transición a la democracia y el reconocimiento pleno de los derechos de toda la población sudafricana, independientemente de su raza. Finalmente, cabe reflexionar si la incapacidad que ha caracterizado a nuestro país a partir de 1988 para impulsar las reformas necesarias para lograr, no sólo la democracia electoral, sino darle contenido democrático a las políticas económicas y sociales, ha sido el resultado de la falta de voluntad de los principales actores políticos nacionales para llegar a los acuerdos que hubiesen permitido recuperar el crecimiento económico, la generación del empleo remunerativo, una equitativa redistribución del ingreso, la erradicación de la pobreza extrema y el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a los mínimos de bienestar. Baste señalar que mientras el PIB de México creció entre el año de 1990 y el 2005 a un ritmo promedio de 3.1 por ciento anual, el crecimiento de Chile alcanzó el 5.6 por ciento para el mismo periodo. El crecimiento promedio del PIB en ambos países para el periodo 2000-2005 fue de 2.7 por ciento y 4.4 por ciento, respectivamente. De la misma manera, mientras el ingreso per capita de México durante el periodo 1990-2006 creció a un ritmo promedio de 1.3 por ciento, en Chile lo hizo al 4.3 por ciento. Las cifras para el periodo 2000-2006 fueron de 1.7 por ciento y 3.2 por ciento, respectivamente. Para lograr las metas de crecimiento que nuestro país requiere y para darle contenido social a nuestra transición democrática, requerimos impulsar una serie de reformas estructurales que nos permitan mayores recursos presupuestales, que se traduzcan en más inversión en infraestructura y rubros sociales. Esto sólo será posible a partir de una genuina reforma fiscal integral, no aquella que demandan el PRD, el PRI o el PAN, ni la que los pobres pretenden o la que los ricos defienden, sino la que todos debemos y podemos acordar como condición para lograr las metas de crecimiento que como Nación nos propongamos. Al mismo cuestionamiento deben someterse las expectativas de las pretendidas reformas energética, laboral, educativa, de las pensiones y todas aquellas de carácter estructural que puedan diseñarse de manera colectiva a través de la construcción de consensos. |
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