El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley de Reforma del Estado. Su objeto es establecer la metodología para el debate sobre las reformas a la Constitución que son necesarias para dotar a las instituciones de un marco jurídico acorde con la realidad política, ya que es un hecho que éstas han sido rebasadas por la pluralidad.
Esta Ley en cierto modo simboliza el fin de las disputas entre los partidos e inicia el camino de los acuerdos. Ahora tocará el turno a la Cámara de Diputados de analizarla y ratificarla o, en su caso, modificarla.
Para blindar los trabajos de la coyuntura política —si no existen cambios— se establece que en un plazo de 12 meses el Poder Legislativo y Ejecutivo discutan sus propuestas de reforma.
Se prevé crear la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, la cual estará integrada por los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados, los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de ambas Cámaras, un representante del Ejecutivo y los presidentes de los partidos políticos.
Las propuestas deberán ser aprobadas por mayoría calificada en la Comisión, tras una consulta pública y la redacción del proyecto. Las que hayan sido aprobadas serán enviadas a las Cámaras respectivas para su deliberación.
El eje del debate se concentrará en cuatro temas: Régimen de Estado y gobierno, Democracia y Sistema Electoral, Federalismo y Reforma al Poder Judicial.
A reservas de lo que se acuerden los Diputados, el proceso de negociación debe seguir seis pasos: 1. Presentación de las propuestas. 2. Consulta pública. 3. Negociación y construcción de acuerdos. 4. Redacción de los proyectos 5. Aprobación y presentación de las iniciativas y 6. Proceso legislativo.
La aprobación de esta Ley ha tenido una buena acogida tanto en los medios de comunicación como en los círculos de ciudadanos enterados. Sin embargo, no hay que echar todavía las campanas al vuelo. Si bien todo indica que pasará sin muchos sobresaltos en la Cámara de Diputados, no puede darse por hecho que pase sin cambios.
Falta especificar de dónde se autorizarán las transferencias de recursos y a cuánto ascenderá el monto para cubrir los gastos generados por su implementación. Asunto que deberán acordar en conjunto el Congreso y el Ejecutivo.
No obstante que fijar un año como el plazo perentorio para lograr los acuerdos tiene la intención de obligar a los actores políticos a dar resultados, no debe considerarse como un plazo fatal. Lo que se discutirá no es poca cosa: se abordará el tipo de sistema político que regirá a nuestro país en el siglo XXI; si es que queremos un sistema parlamentario o semipresidencial, por ejemplo. La historia demuestra que dichos cambios no se dan por decreto.
Y aunque la Ley no prevé sanciones para los actores que no atiendan la convocatoria, éstas serían en términos políticos; tampoco deben inflarse las expectativas sobre el alcance de los trabajos. La Ley para la Reforma del Estado es una oportunidad para formalizar el debate, pero el debate final se dará en las Cámaras.
Cabe apuntar que todos los grupos parlamentarios ya tienen definidas sus propuestas de reforma, y lo que se discuta en las mesas no será nada que no haya sido planteado en los últimos seis años. En todo caso, se pondrá a prueba la capacidad de los actores políticos para ceder en sus agendas y evitar los reduccionismos del todo o nada.
Lo que es claro, y la sociedad reconoce, es la voluntad política para avanzar en la Reforma del Estado.

Voluntad política para avanzar en la Reforma del Estado.