El debate en torno a la transparencia y rendición de cuentas de los órganos de gobierno del estado no puede ser esporádico ni coyuntural. Este debate debe ser permanente y los responsables de que la transparencia y rendición de cuentas en el uso y ejercicio de los recursos públicos del estado deben dar respuestas concretas a los señalamientos que se les hacen y deben también aceptar debatir y no tienen por qué incomodarse ante los cuestionamientos que se les formulen.
En este sentido, vale la pena señalar una serie de datos sobre este polémico tema. Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, el estado de Michoacán registró el principal descenso a nivel nacional de la calificación en el Índice de Información Presupuestal de los Estados en 2010, al descender un 22 por ciento para situarse en la posición 29 a nivel nacional. Esto quiere decir que nuestro estado es el cuarto más opaco en el uso y administración de los recursos públicos, además que es el estado con mayor proporción de su gasto público en nómina.
Tal situación no es producto del destino, sino que se deriva de decisiones concretas como la que originó el Programa de Gestión de Obras y Acciones del Poder Legislativo, o bien como las que dan origen y sustentan el uso y destino de los recursos públicos del estado. Por ejemplo, el artículo 25 del Presupuesto de Egresos del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal de 2010 establece que el “Ejecutivo Estatal autorizará los subsidios, donativos y ayudas que considere necesarios para apoyar a los grupos sociales que más lo requieran, por conducto de sus diferentes dependencias y de acuerdo con sus atribuciones legales”. Luego entonces,  ¿quiénes son estos grupos sociales que más lo requieren? 
Obviamente esta práctica no resulta sana, pues se orienta a favorecer el uso discrecional y opaco de los recursos públicos del estado. Sin embargo, ¿quién lo aprobó? Pues desde luego,  el Congreso del Estado. A esto nos referimos cuando afirmamos que se ha perdido la autonomía en la revisión de las cuentas públicas entre los poderes del estado; ningún otro estado de la república considera este artificio legal que favorece la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos. Entonces habría que preguntarnos ¿por qué Michoacán sí se hace?
Todo esto surge en un contexto en donde Michoacán se caracteriza por ser uno de los estados más desiguales y con mayores carencias del país. Según los datos del INEGI, el ingreso anual per cápita de los michoacanos ronda los 40 mil pesos, mientras que el promedio de los tres estados con mayor ingreso per cápita ronda los 140 mil pesos. Es decir, en promedio la población michoacana vive con 100 mil pesos menos que el promedio de la población de esos estados.
También, según el  IMCO, el estado de Michoacán ocupa la posición 23 en su índice de competitividad estatal y, dentro de los principales factores que frenan este indicador  se encuentra la carencia  de una sociedad incluyente, preparada y sana ya que en este ámbito ocupa el lugar 29 entre los 32 estados de la república, 36 por ciento por debajo de la media nacional. De lo cual no habría que extrañarse ya que hay que recordar que Michoacán es el estado con menor eficiencia terminal en secundaria y con menor población ocupada con estudios superiores y de posgrado.

Otros aspectos que frenan la competitividad del estado son, por ejemplo, que no cuenta con sectores económicos en vigorosa competencia, por lo que ocupa también el lugar 29, lo que significa que estamos  60 por ciento por debajo de la media nacional. El estado carece además de un sistema de derecho confiable y objetivo, de suerte que ocupa el lugar 24 y está 32 por ciento por debajo de la media nacional.
No nos equivoquemos, el debate está en torno a la construcción de un estado moderno que tenga un gobierno capaz de mejorar la calidad de vida de los michoacanos, un gobierno que sea capaz de reducir los más de 100 mil pesos que hay de diferencia entre la media del ingreso per cápita de los michoacanos con el ingreso de los tres estados más competitivos del país, un gobierno que sea capaz de sacar de los últimos lugares en los que se encuentra Michoacán respecto a los principales indicadores que dan cuenta del bienestar de la población. En este sentido, todos estamos llamados a construir un mejor futuro.

Julio Castellanos Ramírez-Zamora