El diputado federal Julio Castellanos Ramírez reiteró la denuncia pública que la semana pasada hizo a través de Guía en el sentido de que diputados locales están utilizando prácticas indebidas en la labor de gestoría.

Señaló que sin la menor transparencia y sin que haya para ello una partida en el presupuesto estatal los diputados tienen disponibles hasta 3 millones 750 mil pesos para decidir en qué los gastan sin que el gasto esté sujeto a supervisión o controles.

Precisó que la opacidad y la falta de transparencia impiden conocer con veracidad la forma como se manejan esos recursos y a quiénes se beneficia.

La denuncia la reiteró Castellanos Ramírez durante una rueda de prensa que ofreció el lunes pasado a los medios locales en un salón del Hotel Jericó donde también exhortó al Ejecutivo del Estado a que suspenda de inmediato esa práctica que se da entre el Ejecutivo y el Congreso del Estado por segundo año consecutivo aunque con variantes.

Recordó que el año pasado el Congreso del Estado, es decir los diputados, aprobaron en el Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado una partida del orden de 150 millones de pesos para gestoría.

Esa partida se estableció, explicó, para que cada uno de los 40 diputados locales, si así lo decidían, pudiera disponer de hasta un monto de 3 millones 750 mil pesos para gestión de obras y servicios que ellos determinaran para los municipios de su distrito.

Lo anterior a pesar de que por ley no es facultad de los diputados ejercer presupuesto así sea mediante la modalidad de presentar facturas sobre las obras por ellos gestionadas.

Lo que los legisladores pueden hacer es gestionar alguna obra para que si lo considera conveniente el Ejecutivo, a través de sus dependencias, la incorpore en su programa de obra pública siempre y cuando se cumplan las disposiciones legales.

Pero este año, añadió el Dip. Castellanos Ramírez, los diputados ya no aprobaron una partida para su gestoría sino que simplemente el Ejecutivo aprobó 150 millones, es decir 3 millones 750 mil pesos por diputado, para el mismo fin.

Esos 150 millones de pesos, agregó, no están destinados a ser ejercidos a través de algún programa o dependencia estatal y por tanto no están sujetos a reglas de operación, lineamientos o métodos de transparencia.

Para Castellanos Ramírez la opacidad y falta de transparencia en el gasto de estos recursos no es un hecho secundario porque la propia Ley de Transparencia que los mismos diputados aprobaron establece que el presupuesto debe ser ejercido conforme a un programa y bajo reglas de operación claras y transparentes.

Señaló que como diputado federal, como michoacano y como ciudadano tiene derecho a conocer qué legisladores han hecho uso de esos recursos, de qué partido político son, cuáles obras públicas decidieron que se realizaran, cuánto costaron, quiénes fueron los ciudadanos beneficiados y qué empresas contratistas hicieron esas obras.

Aclaró que su denuncia la hace como diputado y como ciudadano por el interés que tiene en que se avance en la transparencia y rendición de cuentas pues, aseguró, Michoacán a pesar de sus recursos ocupa el último lugar en cuanto a transparencia, lo mismo que en salud, seguridad, infraestructura y educación pero sí primero en migración que son, dijo, los principales retos a los que se debe hacer frente.

También dijo que siendo facultad de los diputados locales aprobar y fiscalizar el presupuesto haciendo un análisis profundo de los retos, resulta una gran incongruencia y falta de transparencia lo que hacen en el tema de la gestoría.

Se refirió a la profusión de respuestas que ha tenido, sobre todo de legisladores locales, en los medios estatales y nacionales y aclaró que al hacer la denuncia  no lo mueve el interés de confrontarse con ningún poder público.

Añadió que el tema del tipo de gestoría de los diputados locales no es un tema de Julio Castellanos y pidió que todos pidan cuentas respecto al manejo de los recursos para que los diputados informen qué se hizo con esos recursos públicos.

Que lo hagan los diputados locales de los diversos partidos, incluidos los de su partido el PAN si es el caso, y afirmó que él como diputado federal no goza de ninguna prerrogativa o partida similar ni acude al Ejecutivo a cobrar las facturas de las obras que gestiona.

Señaló que las obras y acciones que gestiona para los ciudadanos las gestiona ante las dependencias federales y son éstas las que deciden si las obras se realizan conforme a sus programas y normas.

Respecto a la reacción de los legisladores locales dijo que parece que la estrategia es que tenga que dar respuesta a cada uno de los 40 diputados pero que no lo va a hacer. Que su intención es que se informe y se transparente el uso de esos recursos, sobre lo cual insistirá.

Recordó que el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a los integrantes del Congreso a transparentar los gastos de comisiones, información que no aparece en la página Web del Congreso del Estado pero que esa información no aparece porque esa página está en “construcción”.

Señaló Castellanos Ramírez que tiene la sensación de que esa información no aparece simple y sencillamente porque esa Ley está sujeta a una reglamentación con la que todavía no se cuenta.

Exhortó a los 113 presidentes municipales de la entidad a que soliciten información a sus diputados sobre la gestoría.

Al gobernador del Estado, con quien dijo tener una relación seria, respetuosa e institucional, lo exhortó a que suspenda de inmediato esa práctica de asignar a los legisladores recursos y que la gestoría se haga a través de las dependencias del Ejecutivo.

Señaló que el tema de la gestoría tiene que ver con los impuestos que pagan los ciudadanos, que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas y tiene que ver con el futuro del estado e insistió en que no es un tema de Julio Castellanos ni que le guste hacerse de enemigos gratuitos pero que sí es un tema en el que no podía quedarse callado.

Añadió que si algún diputado se siente aludido u ofendido que no se ofenda que simplemente rinda cuentas claras y transparentes y a una pregunta expresa dijo que hace la denuncia hasta ahora porque se enteró del asunto hace apenas 15 días.

Reconoció que puede haber represalias en su contra y reconoció que el tema del tipo de gestoría que realizan diputados locales es un tema delicado pero que es un tema que deja en manos de los ciudadanos.

Afirmó que en 2 años, el anterior y el actual, los legisladores han dispuesto de 300 millones de pesos para decidir sobre el destino de esos recursos sin dar cuentas a nadie.

Lo más grave, señaló, es que son precisamente los diputados quienes deberían fiscalizar, revisar y transparentar el manejo de los recursos del presupuesto pero en la práctica ellos mismos incurren en prácticas contrarias.

 (ASR)